Se acerca el décimo ajuste tributario en los últimos 10 años en Colombia. Esta nueva reforma tributaria trae algunos ajustes que impactarán directamente en la clase media y apretarán el pago del IVA. ¿Qué efectos tendría en la industria turística? Lo analizamos.
Tras todo lo vivido en el último año, era evidente que se acercaba otra reforma tributaria. En esta ocasión, la propuesta lleva el nombre de “Ley de solidaridad sostenible” y fue radicada la semana pasada en el Congreso bajo una gran controversia social y política. En general, esta reforma busca un recaudo de $25 billones por medio de cambios en el IVA y el impuesto de renta.
Los expertos aseguran que estas nuevas medidas impactarían, sobre todo, a la clase media y los gremios han denunciado otros cambios que afectarían los precios de los productos. De esta forma, el turismo, aunque la reforma no lo toca directamente, podría verse impactado desde estos dos frentes.
Para comprender mejor lo anterior, presentamos de manera algunos de los puntos de la reforma.
Cambios en el impuesto de renta
La reforma estipula que las personas que ganen más de $2,4 millones mensuales declararán renta. A partir de 2023, se amplía la base para quienes tengan ingresos anuales por $16,9 millones (más de $1,4 millones al mes).
Por su parte, para las personas jurídicas se plantea un diseño progresivo del impuesto, con tarifas que comienzan en 24% para empresas pequeñas hasta la tarifa máxima de 30%, y una exención del 10% para las que usen factura electrónica.
IVA a servicios públicos
El proyecto contempla fijar IVA a los servicios públicos —luz, agua y gas— de los estratos 4, 5 y 6.
Cambios en el IVA
La “Ley de solidaridad sostenible” saca a un grupo de bienes de la categoría de excluidos. Entre ellos, el controlador de carga para sistema de energía solar con paneles; las bicicletas; bicicletas, motos y patinetas eléctricas; entre otros, que tendrían una tarifa del 5 % de IVA.
De igual forma, no serán excluidos los computadores personales de escritorio o portátiles cuyo valor no exceda $1.815.000; ni las tabletas y celulares cuyo valor no exceda $798.776.
Impuestos verdes
Otro aspecto que preocupa a los gremios son los nuevos impuestos verdes.
- Modificación del impuesto al carbono, incluyendo en la base gravable el carbón que se quema para producir energía en las centrales térmicas, cementeras o siderúrgica.
- Gravamen para vehículos automotores.
- Gravamen para plásticos de un solo uso.
- Tributo al uso de plaguicidas no orgánicos.
La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) considera que la primera medida puede ocasionar que quienes compren carbón para procesos industriales paguen un impuesto cercano al 26% del costo de la tonelada. Además, el costo de electricidad podría aumentar $18 kv/h. Según las agremiaciones, podría aumentar un 4% o 6% del valor de la factura de electricidad para residencias, y entre un 7% y 12% para un usuario industrial.
Esto también se traduciría en el encarecimiento de los productos e insumos para la construcción producidos por cementeras e industria siderúrgica. Cada año, los consumidores finales de energía pagarían $1,5 billones adicionales.
La propuesta también autoriza a los municipios a adoptar la sobretasa a la gasolina motor extra y corriente. Esta propuesta implica una nueva carga económica para los trasportadores; es decir, en el valor de los productos.
Canasta familiar
En la canasta familiar encontramos que los bienes exentos pasarían a ser excluidos. Esto implica que no se podrá recuperar el IVA pagado en el proceso productivo y se trasladaría al consumidor final. Además, los productos gravados con el 5% pasarían a tener el 19%.
“Al cambiar el régimen de excluidos a exentos no se podrá cruzar el IVA. Es una amenaza brutal, porque ya nos enfrentamos a un sobrecosto de los alimentos, que en algunos lugares alcanza el 100%. Se nos está volviendo imposible preparar ajiacos y otros alimentos porque los insumos están muy caros. Si nos aumentan los costos, no hay quién aguante”, declaró Guillermo Gómez, presidente de Acodrés.
Si a esto se le suma que los plaguicidas ahora pagarán IVA, se incrementarían radicalmente el costo de los productores. Los gremios denuncian que los insumos para la producción de alimentos van a tener un sobrecosto entre el 5% y 10%. Todo esto pasará al consumidor final.
En resumen…
Los ingresos de la clase media se verían golpeados por un aumento en los impuestos y los precios de alimentos, servicios, gasolina, energía y electrónicos. En otras palabras, habrá un encarecimiento que podría afectar duramente su bolsillo.
Ahora, cabe recordar que los gobiernos suelen hablar de la importancia de volver al turismo parte de la canasta familiar. Si bien, las empresas del Turismo se han visto beneficiadas por una serie de medidas en medio de la pandemia, esta reforma perjudicaría al viajero y sus ingresos, ¿es posible que el turismo sea parte de la canasta familiar bajo estas condiciones? ¿Cómo impactan sus posibilidades de viajar tras toda la crisis por el coronavirus?
Además, hay una serie de nuevos cobros que podrán impactar indirectamente en los costos de la cadena turística. Entre ellos, los impuestos a la gasolina, la energía, los plásticos de un solo uso y el carbón, que afectaría a las cementeras; es decir, en futuras construcciones.
Sin embargo, el impacto más directo estaría en los alimentos. La industria gastronómica –uno de los pilares del turismo— ya enfrenta una dura situación debido a las múltiples y recurrentes restricciones. Así lo manifiesta el presidente de Acodrés: “las ventas promedio están en el 36 % de lo que teníamos antes de pandemia; las restricciones nocturnas nos baja el 50 %. Es decir, quedamos con el 18% de las ventas”.
Frente a los cambios de figuras en los alimentos, aseguró: “Para que un restaurante sea viable, la carga tributaria no puede pasar del 10 % de sus ingresos. Eso es lo que pagamos en este momento; así que cualquier punto adicional nos termina de liquidar. Nosotros en este momento no estamos generando ganancias, estamos en pérdidas y el Gobierno lo sabe; y si nos aumentan los costos de producción… es quitarle la tabla a un náufrago”.
El promover una reforma tributaria en medio del tercer pico de la pandemia, tras un año de crisis resulta un arma de doble filo. Por un lado, el proyecto tiene un sentido de urgencia debido al hueco fiscal en el país. Por el otro, se propone bajo una profunda crisis económica que ha afectado a todos los sectores del país, y que todavía no ve salida. Además, gremios y diversos sectores de la sociedad ya han hecho un llamado por un paro nacional para oponerse a esta ley.
Algunos estiman que es poco probable que pase en el Congreso; sin embargo, el Gobierno ya se encuentra en conversaciones con los partidos para lograr su visto bueno. El ambiente político es, por decir lo menos, turbulento. En las próximas semanas se podrá ver con mucha más claridad el futuro que le espera a esta ley… y a la recuperación del país.
