Luego de que el juzgado 11 de Bogotá ratificó su decisión de que se debe pedir la prueba PCR a los viajeros que ingresen al país y que además deben guardar un aislamiento de 14 días, el Gobierno se mantiene firme en que los pasajeros no deben presentar el examen. Una medida como estas sería devastadora para la industria.
Otro duro golpe recibe el sector tras conocerse recientemente el fallo del juzgado 11 administrativo de Bogotá que le ordena al Gobierno Nacional la exigencia de una prueba PCR negativa de covid-19 a los viajeros que ingresen al país y el cumplimiento de aislamiento de 14 días. No obstante, el Ministerio de Salud solicitó una aclaración de la medida.
Días después, con bastante celeridad el juzgado respondió a las preguntas enviadas por la cartera, donde el tribunal mantuvo su decisión. Al respecto, el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, fue enfático al indicar que hay imposibilidad del cumplimento del fallo, en la medida que prácticamente se desarticula la actual política de salud pública y toda la estrategia para el manejo del covid-19 en Colombia. Frente a esto, aseguró que lo que procede es la radicación de la impugnación del fallo.
De acuerdo con MinSalud, las aclaraciones solicitadas al juez fueron las siguientes: qué tipo de prueba PCR se debe exigir; hasta cuándo se debe extender la exigencia de las pruebas; y, finalmente, la aclaración sobre qué criterios epidemiológicos se tuvieron en cuenta para dicho ordenamiento. Sobre el primer interrogante, el juez indicó que la prueba que se debe aplicar es la misma que se venía realizando en el país. La segunda respuesta, sin embargo, es la más preocupante para el sector turismo. La prueba negativa y el aislamiento deberán ser exigidos por el Gobierno hasta “cuando se tenga una vacuna segura y eficaz”.
El fallo estableció además que las personas que tengan una prueba por un término superior a 48 horas, aunque sea negativa, deberán cumplir con el aislamiento preventivo de 14 días.
Según estimaciones, son 120 mil personas las que viajan en diciembre, por lo que una medida como la indicada generaría dificultades en los planes de vuelo de los ciudadanos y pondría nuevamente en jaque al sector.
