Ante la escalada de las protestas y manifestaciones en todo el territorio nacional, varios gremios del turismo se pronunciaron públicamente para hacer un llamado al diálogo y evitar más afectaciones a la ya agobiada situación de la industria turística nacional.
Al igual que la primera cuarentena instaurada en marzo de 2020, el estallido social que hoy sacude a Colombia tomó a buena parte del país por sorpresa, incluido al turismo y el comercio; sectores que hace poco más de una semana se quejaban de las restricciones sanitarias implementadas para mitigar el tercer pico de la pandemia, sin imaginar que una nueva crisis, esta vez política, iba a amenazar su incipiente recuperación.
El 29 de abril, dos días después de que el Gobierno Nacional presentara su Reforma Tributaria al Congreso de la República y un día después de que múltiples organizaciones convocaran a una jornada de paro nacional, Cotelco reportaba en un comunicado de prensa un crecimiento de 6.85 puntos porcentuales en la ocupación de marzo. Tres días después, el 3 de mayo, con el país ya colapsado, el mismo gremio celebraba la búsqueda de consensos ante el retiro de la Reforma Tributaria por parte del Gobierno Nacional.
Y es que nadie en el sector previó el estallido social que iba a detonar la presentación al Congreso de la República de esta reforma fiscal que había sido fustigada desde casi todos los frentes del espectro político y que hoy tiene a la cartera de Comercio, Industria y Turismo sin un titular en propiedad y a la industria de viajes, ahora sí, totalmente paralizada.
El gremio hotelero, de hecho, fue el único que formuló públicamente algunas propuestas de fuentes de ingresos para una eventual nueva reforma, entre ellas el desmonte del beneficio de renta del 9% para hoteles nuevos y mecanismos para evitar la evasión de impuestos, pero para ese entonces había quedado en evidencia que la situación política había desbordado a su detonante fiscal.
Mientras José Manuel Restrepo hacia el empalme con el Ministerio de Hacienda para liderar una nueva propuesta de reforma tributaria y los gremios del sector le agradecían cálidamente su gestión al frente de la cartera de MinComercio, varios medios de comunicación, entre ellos esta publicación, hacían eco de lo que hasta hace una semana se daba como un hecho, pero, al cierre de esta edición, no había sido confirmado por el presidente Iván Duque: el nombramiento del actual viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, como nuevo ministro de Comercio, Industria y Turismo.
La realidad es que hasta ahora ningún gremio del sector ha saludado al nuevo ministro y, según pudo conocer este medio, hay rumores de oposición a su nombramiento. Las razones serían las mismas que las esbozadas públicamente por múltiples analistas políticos: como viceministro de Hacienda Londoño fue mano derecha y coautor junto a Alberto Carrasquilla de la fallida reforma tributaria. Su eventual nombramiento como titular del MinComercio pareciera ignorar de tajo el costo político que motivó la salida del ministro de Hacienda y ser más un premio para un funcionario que hizo arte y parte de un proyecto rechazado por la opinión pública y el país político. Tampoco contribuiría al eventual dialogo que el presidente Duque empezó a desarrollar la semana pasada con varios sectores.
Reconocen la protestas e invitan al diálogo
A la par de lo anteriormente narrado, la situación del orden público en todo el país escaló a niveles inesperados y la preocupación ya no fue la reforma fiscal sino un llamado a la “calma y sensatez”, como pidió Anato el pasado 5 de mayo. En medio de denuncias de abusos policiales, uso desmedido de la fuerza, destrucción de la infraestructura pública, asesinatos, desapariciones e incluso un pronunciamiento de la ONU pidiendo “que se garantice el derecho a la libertad de reunión pacífica y a la protesta” observando “plenamente la protección y el respeto por los derechos humanos”, el Gobierno Nacional anunció la apertura de espacios de diálogo.
“Nuestro propósito es un llamado a la paz, a la calma, a la no agresión, a que retomemos los canales para hacer valer los derechos, entendiendo que existirán posiciones diferentes. Es fundamental velar por la protección a la vida, la salud y seguridad de los ciudadanos y reconocer que los hechos violentos que han atentado a nuestro patrimonio y la institucionalidad, restringen la reactivación de los diferentes sectores de la economía, la conservación del empleo y el normal funcionamiento de la movilidad”, señaló Paula Cortés Calle, presidenta del gremio de agencias. “Por esta razón convocamos al respeto de la libre expresión, de los Derechos Humanos y las instituciones”, agregó la dirigente gremial.
Lo propio formuló el Comité Gremios de Turismo de Bogotá, integrado por Acodrés, Acolap, Acoltés, Anato Capítulo Central, Asobares y Cotelco Bogotá: “Hacemos un llamado a recuperar la calma, retomar el diálogo y buscar el consenso en medio de la diferencia, respetando la institucionalidad del Estado (…) La protesta pacífica es un derecho; pero también son derechos la vida, la salud y el trabajo” y agregaron que con estos hechos “la imagen de Colombia ante el mundo vuelve a ser de violencia”.
El mismo llamado al diálogo se realizó desde el Consejo Turístico Colombiano (CTUR), que integra a Acodres, Anato, Acoltes, Cotelco, Aditt, Asobares, Astiempo y Acolap. Pidieron a la sociedad a “recuperar la calma, establecer un proceso de diálogo y buscar el consenso en medio de la diferencia”. Pero agregaron: “Como actividad generadora de empleo y bienestar para muchas familias del país, exhortamos a que las cesen las acciones de vandalismo, sabotaje y bloqueos que afectan a millones de familias colombianas que derivan su sustento de la actividad turística. La protesta pacífica es un derecho constitucional tan valioso como la vida, la salud y el trabajo. El irrespeto a éstos últimos no solo daña a las personas, sino que deteriora la imagen de Colombia como país y como destino…”.
La protesta pacífica es un derecho; pero también son derechos la vida, la salud y el trabajo
Comité de Gremios de Turismo de Bogotá
Finalmente, el presidente de Cotelco, Gustavo Toro, afirmó que la protesta social pacífica es un derecho constitucional, pero que su ejercicio no puede violentar la vida, la salud y la movilidad de los colombianos: “Las vías de hecho lo único que provocan es debilitar esa protesta social y la desvirtúan de plano. Existen canales institucionales que permiten expresar el inconformismo frente actos legislativos o de gobierno; no puede ser quemando la infraestructura pública y privada como se exprese este descontento, generando hechos violentos (…)”. Y concluyó: “Es indudable que el papel de nuestra fuerza pública es garantizar la honra, vida y bienes de los ciudadanos; si se han presentado excesos, estos deben ser investigados y castigados, pero no podemos exigirles a nuestros policías que no actúen en defensa de los colombianos de bien que somos la mayoría”.
Lo cierto es que hoy Colombia está, como nunca antes en tiempos de globalización, en el radar del mundo entero por su álgida situación política. Al desafío que implica la recuperación de confianza del viajero internacional desatada por una crisis sanitaria, se suma hoy una crisis política que al cierre de esta edición no es seguro a dónde conducirá.
