Como se había anunciado, el proyecto de ley de financiamiento propuesto por el Gobierno Nacional contempla entre sus propuestas un incentivo a la demanda en el sector turismo, pero no necesariamente en los términos que los gremios del sector han venido solicitando.
Una discusión álgida y con amplio margen de negociación se proyecta en el Congreso de la República tras la radicación esta semana del proyecto de ley de financiamiento por parte del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
Las reacciones políticas negativas al conjunto de medidas planteadas por el Gobierno Nacional no han sido pocas, no solo desde las bancadas de oposición sino desde gremios como Fenalco, que se fue lanza en ristre contra el proyecto: “Presentar al Congreso un presupuesto desfinanciado, sin equilibrio fiscal por 12 billones de pesos es una presión para aprobar el proyecto de una nueva reforma tributaria que afectará el bolsillo de todos”, afirmó su presidente, Jaime Alberto Cabal.
De otro lado, mientras el presidente de la República, Gustavo Petro, destacaba la propuesta de reducción de la tarifa de renta a las empresas —de forma gradual del 35 % al 27,3, excluyendo carbón y petróleo—, el exministro de Hacienda y de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, cuestionaba su eficacia si, en paralelo, se elevaban los impuestos al patrimonio, a la ganancia ocasional y al carbono.
Más allá de esta discusión sobre visiones económicas en gran medida antagónicas, lo que viene ahora en el Congreso de la República es definir si la ley de financiamiento —que busca recaudar 12 billones de pesos para gasto social del Gobierno— termina o no incluida en el Presupuesto General de la Nación, que se discute de manera paralela.
Un tanto marginado de esta discusión se encuentra el aparte dedicado al turismo —“Incentivos al turismo sostenible”— que propone excluir del pago de IVA a los servicios de alojamiento en municipios con una población menor de 200 mil habitantes, lo que significaría un costo fiscal de 120,8 mil millones de pesos en 2025.
Con esta propuesta, pareciera darse por descartada la inclusión de una tarifa de IVA diferencial para la hotelería en las principales ciudades del país y, mucho menos, para los tiquetes aéreos. De hecho, el texto del proyecto de ley de financiamiento recuerda que ya existen beneficios tributarios en ese sentido, como la exclusión del IVA para el transporte aéreo nacional de pasajeros con destino o procedencia de rutas en donde no exista transporte terrestre organizado.
Se recordó, además, que el sector cuenta con una tarifa reducida del 15 % en el impuesto de renta a personas jurídicas para servicios hoteleros, de parques temáticos de ecoturismo y/o de agroturismo en municipios focalizados. El nuevo incentivo incluido responde así, más que al pedido de los gremios de incentivar la demanda turística doméstica en todo el país, a crear medidas para romper “brechas regionales” y favorecer la “convergencia nacional”.
¿Por qué en municipios de menos de 200.000 habitantes?
Según argumenta el Gobierno Nacional, excluir de IVA a los servicios de alojamiento en municipios de menos de 200.000 habitantes, beneficiará a 1.089 municipios, es decir, el 97 % del total de municipios que tiene hoy Colombia, que son 1.122. A pesar de este porcentaje mayoritario, estos 1.089 municipios concentran apenas el 48 % de la población total del país y el 43 % del valor agregado nacional en 2022, de acuerdo con el DANE.
“Esto evidencia la concentración de la actividad económica en unos municipios específicos, por lo que esta medida busca desarrollar las demás áreas del país y de esta manera llevar a un crecimiento y reactivación económica para todos los colombianos”.
Proyecto de Ley de Financiamiento – Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
La medida propuesta parece ir incluso más allá, según se desprende de las notas al pie de página. Allí se refieren cuáles serían exactamente, según su código CIIU, las actividades económicas beneficiadas y, de entrada, queda claro que los servicios de alojamiento no son los únicos incluidos en la medida.
- 5511 (alojamiento en hoteles)
- 5512 (alojamiento en apartahoteles)
- 5513 (alojamiento en centros vacacionales)
- 5514 (alojamiento rural)
- 5519 (otros tipos de alojamientos para visitantes)
- 5520 (actividades de zonas de camping y parques para vehículos recreacionales)
- 5590 (otros tipos de alojamientos n.c.p.)
- 7911 (actividades de las agencias de viaje)
- 7912 (actividades de operadores turísticos)
- 7990 (otros servicios de reserva y actividades relacionadas)
- 8230 (organización de convenciones y eventos comerciales)
- 9321 (actividades de parques de atracciones y parques temáticos)
- 9329 (otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p.)
financiamiento
Iniciativas de este tipo, señala el proyecto de ley, están alineadas con las políticas del Plan Nacional de Desarrollo y, concretamente, con el Plan Sectorial de Turismo 2022-2026 “Turismo en armonía con la vida”. Además, se revelan como necesarias en un frente que aún tiene mucho potencial para desarrollar infraestructura turística.
“Aún persisten rezagos en el sector turístico de regiones con alto potencial como Amazonas, Orinoquía o Pacífico. Por ejemplo, en 2022 los departamentos del Amazonas, Vaupés, Putumayo y Chocó tenían entre 21 y 362 establecimientos de alojamiento y hospedaje, mientras que representan la mayor parte de la biodiversidad, grupos indígenas y diversidad cultural del país”, apunta el documento.
Y agrega; “Así, al desarrollar esta actividad económica en estas regiones, caracterizadas por indicadores de menores ingresos frente a otras partes del país, se llevaría a un crecimiento económico que permitiría la reactivación para todas las zonas de Colombia”.
En resumen, se trata de desarrollar la actividad turística por medio de una política fiscal, lo que favorecería la convergencia regional en Colombia. “Establecer estos beneficios tributarios en el sector turístico para los municipios con menores ingresos, además de permitir un mayor desarrollo económico, resulta en un sistema tributario más progresivo”, apunta el documento.
“Estos 1.089 municipios tienen el 30 % del valor agregado de las actividades terciarias en el país, mientras que los 33 municipios restantes concentran el 70% restante. Lo anterior resalta la necesidad de impulsar este tipo de sectores en estas áreas del país, pues las actividades de servicios permiten desarrollar las economías de escala y la innovación, además de ser fuentes importantes de empleo y productividad para las economías en desarrollo”.
Proyecto de Ley de Financiamiento – Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Cabe resaltar que el texto citado es un proyecto de ley que apenas comenzó su curso esta semana en el legislativo y será, con bastante probabilidad, objeto de todo tipo de modificaciones e, incluso, una posible incorporación a la ley del Presupuesto General de la Nación (PGN).
En los próximos meses se conocerá entonces cuáles son los incentivos y apoyos definitivos que se incluyan al sector turismo en su totalidad, pero de entrada esta propuesta parece ser una buena noticia para el turismo de naturaleza, comunitario, rural en Colombia.
