Con un proyecto de decreto, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) busca reducir de cuatro a dos la cantidad de representantes de los gremios en el Comité Ejecutivo de Fontur.
De manera sorpresiva —y contrario a lo que ha sido históricamente la participación consensuada de gobierno y empresarios en el funcionamiento del Fondo Nacional del Turismo (Fontur) —, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo está próximo a firmar un decreto que reduce de cuatro a dos la participación de los gremios en el Comité Directivo del Fontur.
El proyecto de decreto está publicado para comentarios —hasta el 2 de octubre— en la página web del MinCIT y ha suscitado la reacción de todos los gremios del turismo, incluidos, por supuesto, los cuatro que hoy ocupan los escaños de la representatividad privada en dicho Comité Directivo: Cotelco, Anato, Acolap e IATA.
Asimismo, de manera conjunta, los gremios adscritos al Consejo Turístico Colombiano (CTUR), se manifestaron contra la medida: los cuatro antes mencionados, más Acotur, Asobares, Acoltes, Aditt y Astiempo. A estos pronunciamientos se sumó Confetur, con dos comunicaciones dirigidas al MinCIT y al presidente de la República.
La preocupación pasa, principalmente, por la pérdida de representatividad y poder de decisión del sector privado en los recursos parafiscales que aporta, pero también por el sacrificio de voces que detentan el conocimiento y experiencia para aportar a la política pública de turismo.
Desde IATA, como primera medida, no dejaron de recordar que las aerolíneas son el primer aportante de los recursos parafiscales, con el 60 % del total, “por lo cual su representación en el Comité Directivo es de gran importancia”. Pero no solo eso, para la asociación, una composición público-privada equitativa otorga legitimidad y transparencia en la administración de los recursos y en la toma de decisiones: “La presencia de los gremios del sector permite que las decisiones se orienten a las verdaderas necesidades del turismo”.
Cotelco, por su parte, enfatiza en que los cuatro miembros del sector turístico garantiza equilibrio, legitimidad y una adecuada representación de los diferentes subsectores. “Reducir esta participación significaría afectar la pluralidad de voces en la toma de decisiones, disminuir la confianza de los aportantes y poner en riesgo la adecuada destinación de los recursos parafiscales que sostienen la mayor parte de la inversión en turismo en Colombia”, afirmaron desde el gremio hotelero.
Igualmente, para Acolap —el gremio de los parques temáticos y de diversiones— la efectividad de un comité no está determinada por su tamaño, sino por la calidad de sus miembros y la diversidad de sus perspectivas. “Los cuatro representantes actuales aportan una riqueza de conocimiento de subsectores como el alojamiento, los operadores turísticos, atractivos turísticos como parques temáticos y transporte aéreo. Reducir esta diversidad de pensamiento haría la toma de decisiones menos integral y eficaz”, afirman.
Para Acotur, igualmente, esta medida restringe la capacidad de incidir en la planificación, priorización y control del gasto de los recursos que ellos mismos financian. “Aunque formalmente se mantiene la presencia del sector privado, en la práctica su participación se convierte en marginal frente a la mayoría estatal”, apunta el gremio.
Lo que plantea el Ministerio
En líneas generales, el proyecto de decreto sostiene que la participación del sector privado en el Comité Directivo no necesariamente tiene que ser mayoritaria, como lo es hoy. En cambio, una mayoría del sector público sí resulta necesaria para administrar de manera efectiva de los recursos (fiscales y parafiscales) y alinearlos con las políticas del gobierno.
Para ello, no solo se plantea eliminar dos puestos de representación gremial, sino sumar a un nuevo representante del Gobierno a dicha instancia, a saber, el titular de la Dirección de Inversión Extranjera del MinCIT. Según el gobierno, incluir a este nuevo actor no solo contribuirá a alinear la gestión del Fondo con los lineamientos de política sectorial, sino que “aporta criterios especializados” para la “priorización de proyectos estratégicos de impacto nacional y regional”.
Según el proyecto de decreto, esta reducción en el número de representantes gremiales “no implica la pérdida de espacios de participación, sino que busca hacer más ágil la deliberación y fortalecer la eficacia en la toma de decisiones”. La propuesta es, básicamente, tomar el control de las decisiones del Fontur y convertir la representación gremial en una suerte de asesoría, con voz, pero sin voto decisivo.
De firmarse el decreto tal como hoy está, en la próxima elección del Comité de Fontur —que tendrá lugar en diciembre próximo— el MinCIT presidirá la elección de solo dos miembros gremiales —ya no cuatro— cada uno de los cuales tendrá derecho a cinco votos.
Gremios cuestionan los argumentos
Tanto para Anato como Cotelco resulta claro que el propósito del Gobierno de mantener una posición relevante dentro de Fontur no puede verse afectada por la representatividad gremial que hoy existe. “No hay posibilidad que los representantes de las organizaciones gremiales de aportantes tomen decisiones apartadas de los intereses del Gobierno”, apunta Anato en sus comentarios. La razón es simple: la aprobación o no de un proyecto debe contar siempre con el voto favorable del presidente del Comité, a saber, el ministro o ministra de Comercio.
En ese sentido, la propuesta de Cotelco es abstenerse de reducir el número de miembros del sector privado y, en cambio, crear una alternativa en la que el Gobierno tenga la potestad sobre los recursos del impuesto al turismo. Así, “en caso de que un proyecto financiado con estos recursos fiscales sea negado por el voto conjunto del Comité, el Gobierno podría ejercer un voto privilegiado positivo para su aprobación”. De esta manera se garantiza la alineación de los recursos con las políticas del gobierno sin comprometer la representatividad del sector.
Por otro lado, para los gremios tampoco resulta procedente sostener que la reducción del número de representantes gremiales hará más ágil la deliberación y fortalecerá la eficacia en la toma de decisiones. Desde Acolap son claros en que dicha afirmación no está respaldada por la experiencia: “En la actual administración se han gestionado y aprobado más recursos y proyectos que en cualquier otro período. Un gran número de estos corresponden a las prioridades del Gobierno Nacional y contaron con el voto positivo de los gremios”.
“A lo largo de todos estos años en que el Comité ha estado conformado con una mayoría de las organizaciones gremiales de sectores aportantes se ha trabajado armónicamente en beneficio del sector turístico colombiano y, prueba de ello, es el crecimiento que muestra el sector”
Anato – Comentarios al proyecto de decreto.
El gremio de agencias también cuestionó el papel que tendría el director de Inversión Extranjera en la tarea de alinear la gestión del Fontur con la política sectorial: “Revisadas sus funciones, no tienen relación con la promoción del turismo sino con la inversión extranjera en Colombia”. Y agregan: “Entendemos que precisamente es el Viceministerio de Turismo a quien le corresponde la alineación de la política sectorial con la gestión del Fondo”.
Inconstitucionalidad y representatividad de papel
Ahora bien, más allá de la respuesta directa a los argumentos del proyecto de decreto, la columna vertebral de la crítica de los gremios tiene que ver con la aparente —¿o evidente?— inconstitucionalidad de la medida. Un punto es incontrovertible: la participación del sector privado en la administración de los fondos parafiscales no es una mera concesión, sino un principio esencial que garantiza la pertinencia y eficiencia en la destinación de estos recursos.
En la práctica, como se ha visto, esta participación se limita de manera evidente y va en contravía de la génesis y razón de ser del Fondo desde su nacimiento, como lo recuerdan Asobares y Anato en sus comentarios. Contar con cinco de siete de los cupos en el Comité, con la exigencia adicional de que toda decisión requiere el voto favorable del ministro o viceministro, “configura una poder estatal incompatible con el modelo de corresponsabilidad público/privada que inspiró la creación de Fontur”, apunta Asobares.
Para Anato, el efecto práctico de esta disposición del Ministerio —que está a un paso de hacerse realidad— es que las decisiones de inversión de los recursos del Fontur podrán ser adoptadas sin necesidad del voto de los representantes de los sectores aportantes. Desde Acotur coinciden: “Los representantes privados quedan en un rol de participación meramente simbólica, sin posibilidad de ejercer una verdadera corresponsabilidad en la administración de los recursos parafiscales”.
El control de los recursos parafiscales
Ahora bien, más allá de los argumentos expuestos, la verdadera “inconveniencia”, “preocupación” —¿injusticia?, si es que tal palabra cabe en estos asuntos de administración pública— es el peso que los recursos parafiscales tienen en la totalidad de los recursos del sector. El año pasado, según recordó Anato, los parafiscales representaron el 40 % del total del presupuesto del turismo. Y, a corte de julio de este año, según reveló Cotelco, representaron el 34 % del total de ingresos del Fontur.
“Es imprescindible que el Gobierno Nacional comprenda cabalmente el peso y la trascendencia de las contribuciones parafiscales para la financiación del sector turístico en Colombia. Lejos de ser un aporte marginal, los recursos parafiscales constituyen la columna vertebral de la inversión directa en promoción, competitividad y sostenibilidad turística”.
Cotelco – Comentarios al proyecto de decreto
De ahí, precisamente, la “inconveniencia” de plantear una reducción de la participación privada en el Comité Directivo Fontur, cuando es esta misma la que nutre en buena parte los recursos del turismo. El argumento toma más fuerza cuando se revela que los recursos del impuesto al turismo —el otro gran rubro que integra el presupuesto del sector— no está llegando con la suficiente celeridad a las arcas del Fontur, como alertó la presidente de Anato, Paula Cortés, en el pasado Congreso Nacional de Agencias de Viajes y lo reitera Cotelco en sus comentarios al proyecto.
Ante esta realidad, para Cotelco la autonomía y la participación activa del sector privado en la administración de sus propios recursos parafiscales —manteniendo la representación de cuatro miembros— “no es solo un derecho sino una salvaguarda para garantizar que el dinero que ellos aportan se gestione con la máxima eficiencia y en línea con las verdaderas necesidades de una industria que, lamentablemente, no cuenta con un compromiso presupuestal robusto por parte del Estado central”.
Report Colombia tuvo acceso a los comentarios de Anato, Cotelco, Acolap, IATA, Acotur y Asobares sobre el proyecto de decreto “Por el cual se modifica la composición del Comité Directivo del Fondo Nacional de Turismo”. Para conocer más a fondo los argumentos económicos, legales y políticos se recomienda consultarlos a continuación.
