De cara al “spring break” y las vacaciones del Congreso, la U.S Travel Association emitió un nuevo llamado para aprobar el proyecto de ley de financiación del DHS y pagar el sueldo de los agentes de TSA.
Desde el 14 de febrero de 2026, más de 60.000 agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) han trabajado en los aeropuertos de Estados Unidos sin cobrar salario, en el tercer cierre parcial del Gobierno en un año. La parte más visible de este conflicto son las largas filas de seguridad en numerosos aeropuertos del país, producto de una tasa de ausencias nacional que ya alcanzó el 10 % en los puestos de trabajo, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La parte menos visible son los más de 60.000 empleados que completan más de 30 días sin recibir salario y, al ser considerados trabajadores esenciales, deben permanecer en sus puestos en los más de 430 aeropuertos comerciales del país. Sin salario, los agentes se enfrentan a cuentas por pagar que no pueden solventar y cientos se han visto obligados a renunciar o ausentarse de su puesto.
Según un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el viernes 20 de marzo se registró la tasa de ausencias de agentes más alta del país durante el cierre, con un 10,22 %. El Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York tuvo una tasa de ausencias del 29,5 % ese día, mientras que el Aeropuerto Intercontinental de Houston registró una tasa del 36,6 % y el Aeropuerto Hobby de Houston tuvo una tasa de ausencias del 51,5 %.
Ante esta situación, asociaciones del sector turismo, aerolíneas y la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, han pedido al Congreso que ponga fin al cierre del gobierno y apruebe una legislación que proteja el salario de los trabajadores de la TSA. De hecho, de cara al spring break y las vacaciones del Congreso, la U.S Travel Association hizo un llamado al Congreso: “Resulta irónico que el Congreso se prepare para irse de la ciudad por un receso remunerado de dos semanas, mientras que los agentes de la TSA, quienes velan por la seguridad del sistema de viajes de Estados Unidos, se enfrentan a otro cheque de pago de 0 dólares”.
A través de un comunicado oficial publicado este 23 de marzo, la asociación envió un mensaje claro a los congresistas: “No aborde ese vuelo, no prepare su equipaje ni cancele su horario hasta que los agentes de la TSA hayan recibido su pago. Son hombres y mujeres que trabajan a diario para garantizar la seguridad de los viajeros y el buen funcionamiento del sistema. Abandonar esa responsabilidad no es un descanso; es una negligencia grave”.
En el mismo sentido, Airlines for America se habían pronunciado el 15 de marzo a través de una carta pública firmada por 10 CEO de aerolíneas, en la que pedían la aprobación de leyes que garantizarían el pago a los controladores de tráfico aéreo independientemente de la situación financiera del gobierno. “Los agentes de la TSA acaban de recibir cheques de $0. Eso es simplemente inaceptable. Es difícil, si no imposible, poner comida en la mesa, llenar el tanque de gasolina y pagar el alquiler cuando no se recibe un salario”, dice la carta.
En respuesta a las largas filas y una situación que no parece solucionarse pronto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estarían en los aeropuertos desde el lunes para aliviar la presión sobre los trabajadores de la TSA. Según informó el gobierno, este personal apoyaría las necesidades operativas como gestión de filas y control de multitudes.
¿Qué está pasando? La financiación al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se suspendió, por tercera vez en un año, por culpa de un cierre de gobierno en Estados Unidos. Los demócratas exigen reformas en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, tras los presuntos abusos de agentes federales. Por su parte, los republicanos condicionan la aprobación del presupuesto a un endurecimiento de las políticas de asilo y a un incremento en los recursos para detenciones y deportaciones, argumentando que la falta de control en la frontera sur representa una crisis de seguridad nacional.
