Con el proyecto de ley radicado en días pasados en la Cámara de Representantes, con el aval del Gobierno Nacional, las agencias de viajes tendrán la garantía legal de no responder exclusivamente por incumplimientos ajenos a su labor de intermediarias.

El proyecto de ley, que se radicó el miércoles 4 de octubre en la Comisión Tercera por la representante a la Cámara Piedad Correal por el departamento del Quindío (Partido Liberal), con el acompañamiento del Gobierno Nacional, parece ser el comienzo del capítulo final de un tortuoso camino que han recorrido las agencias de viajes como responsables solidarias de múltiples incumplimientos en la cadena de comercialización del turismo.

“Nosotros desde hace mucho tiempo hemos venido trabajando con todos los gobiernos para que se entienda que, en el caso específico de las agencias de viajes, cuando se venden otros servicios que no corresponden al de la intermediación, estas no pueden ser responsables por los incumplimientos de los demás operadores turísticos”, explicó Paula Cortés Calle, presidenta de Anato.

“Cuando una aerolínea quiebra y el servicio no se presta, claramente el consumidor busca la cara visible que es la agencia de viajes que le vendió el paquete o el tiquete y le pide la devolución completa del dinero. Pero ese dinero ya no lo tiene la agencia de viajes, lo tiene la aerolínea en su caja”

Paula Cortés Calle, presidente de Anato.

Efectivamente, la situación que pareció haber inclinado la balanza hacia el lado de las agencias de viajes —más allá de la millonaria afectación económica— fue la reciente crisis aérea desatada por el cese de operaciones de las aerolíneas Viva y Ultra Air. Este episodio caótico, que puso en el debate público y en la agenda legislativa la responsabilidad que deben tener las aerolíneas frente a los servicios no prestados, también dejó en evidencia la flagrante injusticia que implica que una agencia de viajes deba responder económicamente ante un pasajero por la debacle financiera de aerolíneas como Viva y Ultra, y para ir un poco más atrás, Interjet.

La génesis del proyecto de ley 

Así lo explica la representante Correal, que participó en los debates de control político realizados en el Congreso de la República a las mencionadas aerolíneas. Correal, sin embargo, ya tenía el tema en su radar y había sido testigo de los esfuerzos infructuosos de Anato, a finales de 2022, por incluir una salvedad que frenara esta situación en la ley del Plan Nacional de Desarrollo (PND). “Nadie les paró bolas, ni Planeación Nacional, ni el Ministerio de Comercio ni la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Yo misma traté de poner una proposición en el PND, pero me la negaron con el argumento de que el tema merecía un proyecto de ley. Y eso fue lo que hicimos con Anato en el receso legislativo”, explica la representante y autora del proyecto.

¿De qué se trata el proyecto? 

Cuando los alcances del proyecto de ley inicial de la representante Correal llegaron a oídos del Gobierno Nacional se produjo, por fin, la esperada atención que demandaban las agencias. ¿Qué estaba sucediendo? La anomalía se producía, básicamente, en las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que, ante las demandas de los pasajeros por el incumplimiento del contrato de transporte aéreo, estaba llamando a comparecer exclusivamente a las agencias de viajes ignorando la figura procesal del llamamiento en garantía. 

¿Qué es el llamamiento en garantía? Se trata de la posibilidad que tiene una de las partes en una demanda “a exigir de otro la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia que se dicte en el proceso”. 

Más allá del lenguaje técnico jurídico, lo que se busca es que quede sentado por ley la posibilidad que tienen las agencias de viajes de llamar en garantía a las aerolíneas cuando estas últimas incumplen con sus servicios. Al respecto, señala el proyecto de ley en su exposición de motivos: “A falta de una disposición como esta, en la práctica las agencias de viajes terminan respaldando las obligaciones incumplidas de las aerolíneas, incluso en escenarios extremos como el de cese deliberado de operaciones o quiebra. En circunstancias actuales, existe de hecho un perverso incentivo, pues la aerolínea que sabe que va a incumplir el contrato, distrae sus responsabilidades en las agencias de viajes, cuando resulta evidente que ellas no tienen control ni dominio alguno sobre la operación de sus aeronaves o el cumplimiento de las obligaciones del contrato de transporte, y ni siquiera tienen en sus arcas los dineros que pagan los consumidores por los tiquetes en tales escenarios”. 

Aunque parezca increíble, el llamamiento en garantía no estaba ocurriendo en buena parte de los casos. Según explica la representante Correal, en la SIC había hasta hace unas semanas 550 procesos en los que no se había fallado o no se había llamado en garantía. Se habla, incluso, de una demanda a un grupo no mayor de 25 agencias de viajes por cerca de 25 mil millones de pesos sólo por los incumplimientos de Viva y Ultra.

Así las cosas, el proyecto de la representante Correal buscaba frenar estas injusticias por medio de una reforma constitucional en el Código General del Proceso a través de un proyecto de ley que se radicaría en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Ante el liderazgo de Correal, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el liderazgo del ministro Umaña, se apersonó del tema y le pidió a la representante Correal ir juntos en el proyecto de ley reformando solamente el artículo 58 de la Ley 1480 de 2011 o Estatuto del Consumidor y presentándolo en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes. 

Así las cosas, la semana pasada se definió el texto final del proyecto de ley. Se trata, básicamente, de adicionar un parágrafo al Estatuto del Consumidor, sin incurrir en las honduras jurídicas de reformar el Código General del Proceso. El proyecto contó con el aval del Gobierno Nacional, que pareció reconocer la injusticia jurídica de la situación, y mantiene a la representante Correal como autora. Para su elaboración final se realizaron mesas de trabajo, con la participación misma de la IATA, con miras a presentar un proyecto consensuado que haga un trámite fluido en el legislativo durante el próximo año. “Agradecemos al ministro Umaña por entender finalmente la solicitud que de parte del gremio venimos haciendo desde hace muchos años”, manifestó la presidente de Anato.

Agencias de viajes no se eximen de responsabilidad 

Cabe precisar, sin embargo, que el proyecto de ley no busca en manera alguna eximir de la responsabilidad que puede caber a la agencia de viajes en su labor de comercialización de productos turísticos ni su carácter de responsable solidaria. 

“Esta norma no representa una exoneración de la responsabilidad que le asiste a las agencias de viajes, sino por el contrario, refuerza la protección al consumidor ya que garantiza la vinculación del obligado directo del contrato de transporte. Si se comprueba que la reclamación se originó por un comportamiento de la agencia de viaje esta seguirá respondiendo”, señala el proyecto de ley en su exposición de motivos.