Cartagena busca definir su desarrollo turístico hacia el norte

El 2024 será un año trascendental para el desarrollo turístico de Cartagena de Indias por cuenta de la concertación de su Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y la definición del Plan de Desarrollo.

La expansión de Cartagena hacia la Zona Norte es innegable e imparable. Hay más de 40 kilómetros de playas en esta zona y urgen reglas claras para un adecuado desarrollo”. Ese es, a grandes rasgos, el planteamiento formulado desde Camacol Bolívar en el Taller Cartagena 2033 “Prospección del Ordenamiento Deseado”; un espacio propiciado por ese gremio para abordar la trascendental discusión que tiene lugar por estos días en Cartagena.

El Plan de Desarrollo de la ciudad se debe aprobar en el Concejo en junio y, asimismo, se avanza en la formulación del POT que también debe ser aprobado por el Concejo. En ambos documentos el gremio de la construcción busca dejar planteado lo que, en términos técnicos se denomina “mecanismos de transferencia y compensación”.

Se trata, según explica Irvin Pérez, gerente regional de Camacol Bolívar, de una herramienta clave para un desarrollo turístico ordenado, principalmente, de la zona norte de la ciudad, que hoy en día se cataloga como “suelo rural suburbano”.

El desarrollo económico de Cartagena y el modelo de ciudad tienen que responder a la vocación económica del suelo. Para ello es fundamental la seguridad jurídica y la generación de confianza, incorporando instrumentos financieros e instrumentos de gestión para facilitar el reparto equitativo de cargas y beneficios que permite generar los equipamientos y el espacio público que requiere nuestra ciudad”, afirma el representante gremial.

La propuesta, a grandes rasgos, es crear e incorporar en el POT mecanismos de excepcionalidad en zonas urbanas con límites de altura, como la zona norte, por ejemplo. Esto permitirá desarrollar proyectos hoteleros financieramente viables (con más altura, probablemente), pero que compensen a la ciudad con la generación de infraestructura pública que beneficie a las comunidades.

“Corremos el riesgo de que se empiecen a desarrollar edificaciones y viviendas residenciales, pero que al final tendrán un uso turístico de rentas cortas y eso genera un desorden. Buscamos planificar y no dejar al libre albedrío”, apuntó Pérez.

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