El Gobierno de Argentina declaró formalmente a Aerolíneas Argentinas como una empresa estatal sujeta a privatización mediante un decreto publicado la semana pasada.
El Decreto 873/2024 señala que “luego de 16 años de la estatización de la compañía, los objetivos propuestos no fueron concretados”, con lo cual se da vía libre a una privatización que no estará libre de conflictos.
El Ejecutivo argentino explicó que la norma, que deberá ser refrendada por el Congreso, “se dicta en línea con las políticas adoptadas por el Gobierno Nacional referidas al proceso de apertura económica y en el entendimiento de que la conectividad aérea resulta un pilar fundamental para el desarrollo económico de la Nación”.
Al mismo tiempo, el texto reglamentario expresó que “esta medida propende a que Aerolíneas Argentinas S.A. opere bajo criterios de eficiencia comercial y genere un ámbito de competencia en igualdad de condiciones, profundizando la libertad de los mercados, sin que esto implique la pérdida de soberanía nacional”.
En ese sentido, indicó que “la privatización de la compañía y su funcionamiento en condiciones de mercado permitirán una mejor prestación del servicio, el cuidado de las arcas públicas y, principalmente, que los argentinos dejen de financiar el déficit de una compañía ineficiente”.
La determinación de la administración de Javier Milei de avanzar con la privatización de la compañía, que había quedado excluida de la Ley Bases, se da en medio del conflicto con el personal que incluyó medidas de fuerza y reclamos en las últimas semanas.
Al respecto, en el documento oficial, el Gobierno apuntó contra los trabajadores de la empresa sosteniendo que “a pesar del grave resultado económico que arroja la gestión de Aerolíneas Argentinas S.A., sus empleados mantienen importantes beneficios que contribuyen a empeorar la situación descrita”.
