Tras analizar 452 quejas, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos contra 40 operadores de viviendas turísticas.
La Superintendencia de Industria y Comercio investigará a más de 40 prestadores de servicios de vivienda turística de Antioquia, Bolívar y Cundinamarca por, presuntamente, incurrir en irregularidades que habrían afectado los derechos de los turísticas. La decisión de formular pliego de cargos se dio tras analizar 452 quejas presentadas en 2024.
Son dos las razones que impulsaron esta investigación. En primer lugar, la entidad identificó que los operadores habrían brindado información inexacta ante las Cámaras de Comercio al indicar que los inmuebles no se encontraban sometidos a un régimen de propiedad horizontal o que dicha actividad se encontraba permitida por el reglamento de la copropiedad, cuando esta situación no era real.
Asimismo, la Superintendencia encontró que las personas naturales y/o jurídicas que operaban estas viviendas turísticas estaban prestando el servicio sin la inscripción o renovación del Registro Nacional de Turismo (RNT).
“Cabe resaltar que, una vez culminen estas investigaciones y de llegarse a comprobar la infracción-, la Superintendencia podrá imponer sanciones económicas, y la prohibición de prestar los servicios turísticos hasta por cinco años”, destacó la SIC.
El inicio de estas investigaciones se concentrará en tres departamentos —Antioquia, Bolívar y Cundinamarca— luego de identificar un aumento significativo de las denuncias con este tipo de servicios. “Estas actuaciones dan cuenta del número creciente de casos en lo que se estaría destinando de manera indebida la vivienda urbana y rural al ejercicio de actividades turísticas, sin el cumplimiento de los requisitos legales, situación que afecta las garantías de las y a los consumidores”, aseguraron desde la entidad.
La SIC también resaltó que estas acciones son esenciales para el crecimiento responsable del sector turismo e invitó a todos los prestadores de servicios de vivienda turística a cumplir con las obligaciones legales y garantizar los derechos de los turistas nacionales y extranjeros que visitan el país.
