El negocio de los vuelos de deportación en Estados Unidos surgió como una fuente inesperada de ingresos millonarios para las aerolíneas encargadas de ejecutar los programas de expulsión impulsados por la administración del presidente Donald Trump.
El sistema de transporte de detenidos dentro de EE.UU. y hacia destinos internacionales es coordinado por ICE Air, una red que combina vuelos chárter con aeronaves militares, aunque en menor medida. Según los datos más recientes, en julio de 2025 se registraron 1214 vuelos relacionados con deportaciones, la cifra más alta desde que se comenzó a monitorear este tipo de operaciones. En total, más de 6000 vuelos de expulsión se han llevado a cabo en 2025, según organizaciones civiles que vigilan el sistema.
Uno de los contratos más significativos en este mercado fue el obtenido por CSI Aviation en 2024. La empresa, que firmó un acuerdo marco por hasta 3600 millones de dólares durante un período de cinco años, juega un papel central en la logística de las deportaciones. A pesar de las controversias y protestas de otros competidores, la compañía ha logrado consolidarse como uno de los actores principales en el negocio de los vuelos de deportación.
No obstante, no es la única. GlobalX, que ha ampliado significativamente su presencia en este sector, reportó en 2025 que los vuelos para ICE representaban más de la mitad de sus ingresos trimestrales. Avelo Airlines, que se sumó a las operaciones en mayo de 2025, rápidamente alcanzó un 10 % de los vuelos internacionales de expulsión, aunque ha enfrentado boicots y demandas locales debido a la naturaleza de estas misiones.
La cifra destinada al rubro de “transportación y remoción” de ICE rondaba los 721 millones de dólares anuales, pero con el nuevo paquete presupuestario aprobado por la Casa Blanca, se espera que esta partida se multiplique considerablemente. Se estima que los fondos destinados a esta política migratoria podrían alcanzar los 14.400 millones de dólares en los próximos cuatro años, lo que equivale a unos 3600 millones de dólares anuales. Este aumento presupuestario asegura que la demanda de vuelos de deportación continuará en aumento, lo que genera un ciclo constante de ingresos para las aerolíneas y los intermediarios que participan en el proceso.
Sin embargo, el creciente número de vuelos de deportación no ha estado exento de controversia. Activistas y organizaciones civiles han elevado sus protestas contra esta política, denunciando la opacidad en el sistema, especialmente con el uso de “call signs” genéricos y la ocultación de matrículas de las aeronaves bajo el programa LADD de la FAA, lo que dificulta el rastreo público de los vuelos. Grupos como Witness at the Border y Human Rights First han redoblado sus esfuerzos de monitoreo, documentando salidas de vuelos desde varios aeropuertos del país y brindando visibilidad a las operaciones de expulsión.
